La ministra de Seguridad dio instrucciones, con la venia presidencial, para que esta semana se giren al Legislativo cuatro proyectos que apuntan a quebrar la estructura de los narcos. Incluyó la llamada ley antimafia
Por pedido expreso del presidente Javier Milei el Gobierno enviará entre hoy y mañana al Congreso un paquete de leyes destinadas a combatir el narcotráfico por medio de un fuerte incremento de penas para delincuentes, el seguimiento minucioso de bandas criminales y la revolucionaria ley “antimafia” copiada de la jurisprudencia italiana.
Según revelaron a El Cronista allegados a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich las cuatro leyes que enviará el Gobierno al Legislativo apuntan a “desarticular las bandas de narcos y dejar atrás la Argentina en el que todo vale”. En el texto de los proyectos se impondrán medidas muy duras y controvertidas para lo que significa el sistema legal argentino.
En las últimas horas Bullrich junto con su equipo de trabajo del Ministerio de Seguridad y los funcionarios de la Secretaría de Legal y Técnica que lidera Javier Herrara Bravo ultimaban los detalles legales para enviar el paquete de leyes que el Gobierno espera sancionar “cuanto antes”.
El Gobierno confía en que estas iniciativas sean tratadas en lo inmediato en paralelo al debate de la Ley de Base y el paquete fiscal que también será enviado esta semana al Congreso para su tratamiento.
Ley antimafia
La ministra Bullrich destacó la semana pasada al lado del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que la decisión de enviar leyes antinarcos al Congreso responde a que “la gente las necesita (las leyes). No es una discusión de políticos para políticos”, expresó.
Además, Bullrich dijo que “la gente tiene que saber que sus representantes están dispuestos a hacer cambios que terminen con la violencia, la destrucción, la muerte, los asesinatos y el sicariato en Rosario y todo el país”. Para esto se agilizará el paquete de leyes en el Congreso.
La denominada ley “antimafia” que enviará Bullrich al Congreso contempla un articulado para que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa.
“La pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”, señala parte de los fundamentos de la iniciativa según supo El Cronista.
Además, el proyecto “antimafia” prevé que una organización criminal es aquella que “busca el control de un territorio para cometer ilícitos” de todo tipo, y son considerados miembros todos los que participan de esa cadena que va desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos.
Por otra parte, esta iniciativa que se basa en las leyes que aplicó Italia para atacar a las mafias en los años 90 prevé que haya detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia.
Se contempla también un esquema de procedimientos de investigación criminal “más agiles y menos burocráticos para dar respuesta rápida ante los delitos de los narcos”, reveló un funcionario de la Casa Rosada.
Reiterancia y ataque a policías
Otro de los proyectos de ley que preparó el Gobierno para mandar al Congreso es el de la “Ley de Reiterancia”, por la cual se prevé que aquellos que reiteren un delito vayan presos. “Con esto cortamos la impunidad que siente la gente”, dijeron en el Ministerio de Seguridad.
Esta iniciativa prevé que haya una condena más rigurosa a los que vuelven a cometer delitos ya que hoy sólo alcanza la reincidencia para los que están en la cárcel. La nueva ley llegará también a aquellos que no tienen condena judicial, pero fueron reincidentes.
También el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley tendiente a crear un “registro de ADN” para condenados de delitos sexuales. El proyecto de ley busca que todos los imputados dejen sus huellas genéticas a partir del momento en que entren en un establecimiento penitenciario, a una comisaría o algún lugar donde mantienen su detención. A su vez, amplía el listado de delitos para los que serán incorporados al registro.
En el gobierno resaltaron que hay un acuerdo con el FBI de Estados Unidos para tener el sistema CODIS, que es el sistema de almacenamiento del ADN con un sistema moderno de codificación de datos.
Los que serán sometidos a este registro no sólo serán aquellos que están condenados por la Justicia sino también los procesados en una causa.
El cuarto proyecto apunta elevar las penas por los delitos contra la autoridad. Serán penas mucho más elevadas para aquellas personas que agredan a un policía o atenten contra los agentes de seguridad.